Existen cientos de empresas de prestamos y creditos que, hasta ahora, por no ser entidades de crédito propiamente dichas o por dedicarse a prestar servicios de intermediación, no debían cumplir más que unas mínimas exigencias de transparencia y eso ha cambiado con la nueva ley que acaba de sacar el gobierno español.

El pasado 2 de abril entró en vigor la Ley 2/2009, de 31 de marzo, por la que se regula la contratación con los consumidores de préstamos o créditos hipotecarios y de servicios de intermediación para la celebración de contratos de préstamo o crédito.

A partir de ahora, las cosas serán más claras. El particular dejará de encontrarse anuncios por doquier en los que le prometen prestamos hipotecarios milagrosos que cubren hasta el cien por cien de los gastos o que permiten aplazar los pagos unos años, sin especificar cuándo y cómo se va a devolver ese dinero; o bien, en caso de reunificación de deudas, rebajarle los gastos mensuales a la mitad, aunque sin aclarar ni su precio real, ni cuánto tiempo de más tendrá para pagar sus deudas.

Las ofertas tienen que estar formuladas por escrito y tendrán un plazo de validez no inferior a diez días desde su entrega y las entidades deben suministrar gratis toda la información sobre el prestamo, con cinco días de antelación, antes de firmar.

Estas nuevas condiciones legales impuestas en esta norma limpiarán el mercado de “desaprensivos, aprovechados, usureros, cuya actividad roza, en muchas ocasiones, la usura a través del engaño”, según responsables de las asociaciones Adicae y Ausbanc.